El Gobierno ha ordenado la intervención y el cierre de las 59 sedes de la controvertida empresa DMG, propiedad del joven de 28 años David Murcia Guzmán, que ofrecía triplicar los intereses a sus clientes. Y esta tarde, sólo unas horas después, el ejecutivo ha decretado el "estado de emergencia social" para poder expedir decretos que permitan enfrentarse a esta crisis.
El dueño de DMG, que hasta ahora se había mantenido ajeno a esta crisis, estaba en el punto de mira de las autoridades colombianas que trataban de investigar si en sus negocios usaba esquemas piramidales y captación de recursos, algo que él ha negado de forma enfática en todo momento y que hoy mismo ha vuelto a hacer.
Ha pedido a sus afiliados que mantengan la calma ya que no tienen por qué preocuparse. "Quiero pedirle a la familia DMG tranquilidad para enfrentar esta situación, voy a dar la cara para que las personas que durante tantos años han confiado en nosotros lo sigan haciendo; les pido a las personas que van a marchar que lo hagan con total paz y a los policías de orden público que por favor no ataquen a los clientes, porque lo único que no quiero es que se vean agredidos por esta situación". El empresario aseguró que "respeta pero no comparte" la decisión.
La versión moderna del 'rey Midas' basaba su iniciativa en cambiar dinero (desde 100.000 pesos, casi 35 euros) por tarjetas prepago con el mismo valor. Con éstas sus clientes podían comprar, inmediatamente, desde cosas mínimas como un muñeco de felpa, hasta otras de mayor envergadura como la construcción de una casa, pasando por el pago de una cirugía estética o compras de billetes de avión a cualquier parte del mundo. Cinco o seis meses después, recibirían en efectivo entre el 70 y el 150% del coste de la tarjeta que originalmente compró.
Según ha declarado el general Orlando Páez Barón, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, la orden fue emitida para proteger a más de 200.000 personas que —según DMG— han invertido recursos en esta empresa. Lo que no aclaró es el argumento jurídico del Gobierno para ordenar el cierre de la misma. Las 59 sedes han sido clausuras en 51 municipios de 20 departamentos del país.
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